Como
consecuencias del incremento poblacional,
los diferentes medios de transporte utilizados por los habitantes de la
ciudad para movilizarse han aumentado, al igual que la demanda de espacio para
su desplazamiento, y la demanda de mantenimiento de la infraestructura
existente, que permita un adecuado traslado vehicular y peatonal en la ciudad.
La ciudad
de Bogotá, desde aproximadamente 1990, ha experimentado un incremento en la
población que hizo que todas las circunstancias urbanas que había, fueran
sobrepasadas. Tan sólo entre 1975 y 1995 se presentó un crecimiento del 3.05%[1].
El constante aumento demográfico que no
contaba con un adecuado plan de regulación tuvo como consecuencia una ciudad
que se expandía descontroladamente.
Se
reconocía que la ciudad no contaba con las condiciones de movilidad adecuadas para
sus habitantes, así que en 1930 se inicia la elaboración de lo que serían los
primeros planes urbanísticos pero no tienen éxito, pues no comprendían la
complejidad de la situación que se presentaba para esos momentos. Tras fracasos similares, factores como la
exclusión social, la inseguridad, el caos en la movilidad y la excesiva
contaminación, reinaban en 1980 en Bogotá. A cada momento se evidenciaba la
urgencia de desarrollar planes efectivos sobre el desarrollo urbano. Es así
como en 1991 dos herramientas surgen: el Plan de ordenamiento territorial y los
planes de desarrollo.
Ante
los nuevos postulados de la Constitución de 1991, la planeación urbana en el
país adoptó unos nuevos referentes a los
establecidos hasta ese entonces. Bajo la consagración de un Estado social de
Derecho, el urbanismo adquirió una función pública al servicio de los
ciudadanos y los intereses colectivos, razón por la cual se empezó a
desarrollar una nueva legislación que permitiera dar un sentido más incluyente
y democrático a las ciudades.
No hay comentarios:
Publicar un comentario